“Se ha naturalizado el exterminio de las culturas indígenas”: La incesante discriminación a los pueblos ancestrales en Colombia

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La discriminación hacia los pueblos indígenas en Colombia es notoria hasta la actualidad, quienes conforman estas comunidades están familiarizados con las frases despectivas como “indios robatierras, indios ladrones, haraganes que no trabajan, que no se bañan”, dice Ferley Quintero Quinayaz, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

“A nosotros nos tratan de indios que no producimos, indios que solamente nos dedicamos a pedir y que hay que darles nada más lo que el Gobierno quiera y no como lo quieren los pueblos indígenas”, comenta.

En entrevista con RT, Quintero enfatiza que la discriminación que existe en Colombia hacia los pueblos indígenas —cuya población supera 1.900.000 personas (4,4 % de los habitantes del país), según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018— viene no solo desde quienes marcan distancia con las comunidades ancestrales, sino desde las propias autoridades.

“Siempre hemos estado ante unos gobiernos que han sido discriminatorios, racistas”, dice el dirigente indígena y menciona que la reivindicación de derechos que ha logrado el movimiento, en todos los casos, “ha sido a la fuerza”.

“Miserables toda su vida”

Hace algunas semanas hubo un escándalo, luego que saliera a la luz un audio de funcionarios del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MINTIC), en el cual se referían despectivamente a los pueblos indígenas.

En ese audio que, según el Ministerio del Interior, se grabódurante una sesión de la Comisión Mixta para el Desarrollo integral de la política pública indígena para el CRIC,uno de los funcionarios, concretamente, dice: “¿Qué tal esos hijueputas? (…) Ellos nunca van a cambiar y van a ser miserables y brutos toda su vida. Malparidos. Yo ya odio a estos hijueputas. A veces pienso ‘qué mamera hacer un contrato con ellos el otro año’. Pirobos hijueputas”.

“Yo creo que son términos que hieren, que marcan”, sostiene Quintero, y señala que, tras esas declaraciones, tomaron la decisión de levantarse de la mesa de negociación que había entre el CRIC y el Gobierno nacional. “Son cosas que no se deben permitir, primero está la dignidad, está el respeto, y luego está lo demás”, añade.

Para él, esos insultos no solo estaban dirigidos a los integrantes del CRIC, “sino también a las comunidades indígenas de toda Colombia”. “No fue directamente a un pueblo, sino a todos los pueblos“, insiste. Lo peor es que la andanada de improperios no fue solo durante cinco minutos, como se dio a conocer en los medios, sino que se prolongó por cuatro horas, en las que se pudieron “escuchar muchas cosas”.

Caso wayúu

En mayo pasado también hubo otro escándalo, tras la circulación de un video de una entrevista que hizo el humorista y locutor Fabio Zuleta a Roberto Barroso, un presunto “palabrero” de la etnia indígena Wayúu, asentada en el extremo norte de Colombia, en la que conversaban sobre la “venta” de mujeres de este pueblo originario.

“¿Cuánto cuesta una chinita [joven wayúu] de 20, 22 años, así pa’ mí?”, preguntó Zuleta. Barroso, quien se presentó como “palabrero” del corregimiento de Siapana, en el municipio de Uribia (departamento de La Guajira), le aseguró que por ser una persona conocida y a quien muchos admiran, se la podían vender en “5 millones de pesos” (1.324 dólares) y que la podía encontrar en “Uribia, Maicao, Riohacha, Cabo de La Vela, Media Luna”.

El supuesto palabrero le decía que le vendería a una “majayura”, es decir, a una jovencita.

Los dichos del locutor y el presunto palabrero indígena indignaron a las organizaciones de derechos humanos y, particularmente, a las mujeres wayúu de Colombia y Venezuela, puesto que esta etnia se asienta en ambos países.

La mujer wayúu no se vende ni se regala […] el humor, las canciones y el talento no pueden seguir siendo formas de violencia”, dijo Martha Peralta Epieyú, abogada y presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), en un video que publicó en sus redes sociales, en el que ella y otras mujeres de esta etnia respondieron a estos dos hombres.

Violación grupal a menor indígena

Otro de los casos que ha conmocionado a Colombia es la violación de una niña indígena de 12 años, de la comunidad Embera Chamí, por parte de un grupo de siete soldados colombianos, de entre 18 y 21 años de edad.

El hecho ocurrió el domingo 21 de junio. La niña salió ese día de sus casa y no regresó. Al día siguiente fue encontrada sola y llorando cerca de un río, en el corregimiento Santa Cecilia, del municipio Pueblo Rico, ubicado en el departamento de Risaralda, en el centro-oeste del país.

“A la niña la violaron en la escuela Pío XXII del corregimiento de Santa Cecilia”, precisó el gobernador indígena del resguardo embera Gitó Dokabú (al que pertenece la menor), Juan de Dios Queragama.

Entretanto, Juan Guillermo Arenas Nacavera, gobernador del Resguardo Unificado de Pueblo Rico, señaló que “la niña no caminaba bien, caminaba coja, fue remitida al centro de salud y ahí se dieron cuenta de que la violaron siete soldados”. 

Tras las indagaciones, los siete militares reconocieron su responsabilidad en el hecho y se enfrentan a un proceso judicial que podría dejarles una pena de 30 años de prisión.

Asesinatos cotidianos

Javier Guerrero-Rivera, docente investigador de la Universidad Libre de Bogotá, señala que en Colombia se han naturalizado los chistes o comentarios discriminatorios contra las comunidades indígenas. Se escuchan frases como “no sea indio” o “no me traiga esa india por acá”.

Entonces, “a nadie le parece que hacer un chiste o un comentario de este tipo sea una práctica racista”, explica el académico.

“En Colombia, los indígenas sufren el racismo todos los días, a tal punto que hay cifras de asesinatos casi cotidianos, a veces uno por día”, añade Guerrero-Rivera, y comenta que esto ocurre porque “son los que lideran muchos procesos (de lucha)”.

Con ello, señala que en el país sudamericano, “así como se ha naturalizado hacer un chiste o un comentario, se ha naturalizado el exterminio de las culturas indígenas o el abandono total de las culturas afrodescendientes, indígenas y campesinas”.

La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos (ACNUDH), registró, en 2019, 66 asesinatos de indígenas, específicamente del pueblo Nasa, solo en el norte del departamento del Cauca.

“Es urgente la adopción de medidas efectivas de prevención y protección, las cuales deben ser culturalmente apropiadas para estas comunidades y adoptadas en consulta con las autoridades indígenas”, señala el documento.

Pero las cifras nacionales son aún más alarmantes. Según un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), desde el año 2016 han sido asesinados 269 líderes indígenas, de los cuales, 242 homicidios fueron cometidos tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Solo durante la presidencia de Iván Duque, quien asumió el cargo en agosto de 2018, han sido asesinados 167 líderes indígenas, de acuerdo con el registro que tiene esta organización hasta el 8 de junio de 2020. 47 de estos asesinatos han ocurrido este año y 14 de ellos durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

Racismo desde la colonización

Guerrero-Rivera señala que el racismo en Colombia —al igual que en el resto de América Latina— tiene sus orígenes en la colonización europea en la región. “Se asume en esos procesos históricos la existencia de una cultura o raza superior, que se impone”, explica.

Con el paso del tiempo, “han existido unas élites que han reproducido esa herencia colonial y son los primeros responsables de las prácticas racistas en nuestro país“, enfatiza.

Sobre esas élites, se refiere a las políticas, económicas, militares e, incluso, de cierto sector de los blancos académicos; pero, también del resto de la sociedad. “Asumimos el papel como si fuéramos blancos, entonces siempre miramos al otro, siempre asumimos que el otro es el problema, que la diferencia del otro es el problema”, comenta.

En Colombia, añade Guerrero-Rivera, esta práctica racista se ha exacerbado por la continuidad de los gobiernos de derecha y de ultraderecha. “Hace un tiempo se ruborizaban declararse racistas, no era usual que una persona diga yo soy racista; hoy día, descaradamente todos se declaran racistas, es decir, permanentemente están estigmatizando a los afrodescendientes, a los indígenas, a los campesinos, a las personas empobrecidas”.

Por ello, señala, “no les importa justificar que se asesine a un afro, a un indígena. El asunto es penoso”. Aunado a ello, el discurso elitista se reproduce en los medios de comunicación.

Además de las expresiones y de las justificaciones, el racismo, dice el académico, se manifiesta en la exclusión, y eso se evidencia en que los sectores históricamente discriminados, como indígenas, campesinos y afrodescendientes, tienen las tasas más altas de empobrecimiento en el país, los mayores índices de carencia de vivienda, de agua, de los servicios básicos, así como dificultades de acceso a la educación y la cultura.

Incluso cuando desde el gobierno se ayuda a estos sectores, “la gente del común manifiesta su racismo asumiendo actitudes de inconformismo, de por qué tiene que subsidiar eso a los indígenas o por qué tienen que darle eso a los afrodescendientes”, comenta el entrevistado. Con ello, le atribuyen a estas poblaciones la culpa de sus condiciones de vida, sin aludir a todo el sistema de exclusión, discriminación y racismo. “Algo así como que los indígenas son pobres y miserables porque ellos mismos se lo buscan”, apunta el especialista. 

“¿Qué hacer ante el racismo? ¿Cómo lo combatimos?”, se pregunta Guerrero-Rivera y, de inmediato, da la respuesta: “El racismo tiene que ser denunciado en todas partes, porque es la forma como se busca que las personas tomen conciencia y actúen de otro modo. Si yo no denuncio, se queda ahí y se sigue naturalizando. El gran reto es desnaturalizarlo”.

Edgar Romero G.

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